COMPLIANCE LEGAL EN EL SECTOR PÚBLICO “UN MODELO PARA MÉXICO”

La palabra “Compliance” hace referencia al hecho de llevar a efecto algo
La palabra “Compliance” hace referencia al hecho de llevar a efecto algo

La palabra “Compliance” es de origen anglosajona, en lengua castellana sería literalmente “cumplimiento”. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cumplimiento hace referencia al hecho de llevar a efecto algo, de hacer aquello que se debe o a lo que se está obligado, es sinónimo de verificar o realizar, sin embargo el termino en el ámbito del Derecho, la Empresa y las finanzas es usado bajo un contexto de una teoría modélica de comportamiento organizacional que tiene como finalidad implementar un “programa de cumplimiento”, que podemos definir conforme al Diccionario de Compliance elaborado por Marsh España con estas palabras: Conjunto de medidas, procesos y actuaciones que realiza una empresa para cumplir con el riesgo legal que le afecta. Este conjunto de medidas se instrumenta en el Manual de cumplimiento, que opera como una herramienta autorregulatoria preventiva.

Este sistema de “debido control organizacional” se origina con la finalidad de blindar a las organizaciones-Empresas para responder eficazmente ante la eventual imputación de un delito o de una responsabilidad administrativa derivada de la acción de alguno de sus miembros.

Este modelo de compliance legal tiene sus orígenes en el sector privado, a principios del siglo XX, cuando, con motivo del desplome financiero de Estados Unidos de Norteamérica (1929 a 1932) se puso en tela de juicio la eficacia de los controles de las empresas, sobre todo las que cotizaban en la bolsa de valores. Así se empezó a crear una normatividad y sobre todo controles internos en donde se buscaba un modelo que evitara corrupción, malas prácticas y sobre todo fomentar la prevención, vigilancia y control de los procesos.

Debo resaltar que la exigencia de mayores controles en el sector privado también exigieron al sector público una ética pública en sus decisiones, siendo un gran referente la  Ley de Ética para el Gobierno de 1978 la cual se origina después de los escándalo del Presidente Nixon y algunos colaboradores el Partido Conservador, siendo uno de esos casos por ejemplo el “Watergate” o la “Masacre del sábado por la noche” , siendo este último el que tuvo lugar el 20 de octubre de 1973, cuando Nixon ordenó al Fiscal General “a modo”, al connotado jurista norteamericano Archibald Cox Jr., alguna concesión o decisión discrecional a lo que dicho fiscal  se negó a ser manipulado por la Casa Blanca y como consecuencia fue destituido. Ese hecho produjo no solo la precipitación de la caída de Nixon, sino un enorme desprestigio de la clase política, que fue vista como una fuente inagotable de mentiras y malas jugadas entre políticos que no parecían interesarse en nada que no fuera su poder personal y, eventualmente, el de su partido. Una clase, en fin, corrupta, que requería se tomaran medidas drásticas de control y renovación de los esquemas de vigilancia y cumplimiento a fin de evitar esas actitudes desenfrenadas. Fue en ese contexto en el que se creó una comisión cuyos trabajos concluyeron en 1978 con la publicación de la Ley de Ética para el Gobierno (conocida como EIGA por su nombre en inglés: Ethics on Government Act, 1978).

Maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho en donde también realizó la especialidad en Derecho Penal. Estudió la Maestría en Derecho Parlamentario por la UAEM y un diplomado en Juicios Orales. Fue Director General de Asesoría del Poder Legislativo y Coordinador de Asesores del Gobierno de Hidalgo. Es Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y Doctorante por la Universidad Panamericana. Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados . Coautor del Libro “TODO COMPLIANCE” de la prestigiosa casa editorial Bosch - Wolters Kluwer, 2021 y coautor del libro “ Derecho Procesal Administrativo Mexicano, editorial “ tirant lo blanch.

De esta forma el compliance legal fue tomado cómo modelo de prevención de corrupción a diversos sectores, en específico en el sector público en Norteamérica, teniendo una gran tradición y cultura jurídica ya este modelo por demás probado y eficaz al día de hoy.

La característica del compliance, tal como se le entiende hoy, es que constituye un sistema en el que sus elementos: control, vigilancia, prevención, información y denuncia, constituyendo una simbiosis irreductible. Solo si se le considera como sistema es funcional, de otra manera, se trata de medidas aisladas para evitar la corrupción de las organizaciones, pero no de un Compliance armónico. Recientemente, Carlos Requena y Carlos Miguel Gómez publicaron un ensayo titulado El Compliance en el sector público mexicano (un área de oportunidad para garantizar el debido cumplimiento en las entidades y los programas gubernamentales) , aportación muy atendibles para complementar el combate a la corrupción, tema central en la agenda nacional y que sin lugar a dudas las experiencias en países cómo USAESPAÑA serian de gran referencia para trasladar el modelo del sector privado al sector público, teniendo como base su fortaleza probada y sobre todo su metodología.

Los componentes, los principios, el proceso, las etapas, las partes, los  sujetos que participan  y la convivencia con la legislación actual son temas por demás amplios que han sido tratados por diversos libros y que desarrollaremos en esta columna posteriormente.

El 15 de noviembre de 2023, se celebrará el “Tercer Congreso Nacional de Compliance e Integridad en el Sector Público” por el INAP, Instituto Nacional de Administración Publica, evento al que me hicieron el honor de ser exponente (principalmente por ser Coautor del libro “TODO COMPLIANCE” editado por la prestigiosa casa editorial Bosch – Wolters Kluwer, 2021),  en donde junto con expertos y conocedores del tema discutiremos la utilidad, retos y practicas exitosas , colocándose el tema muy vigente al día de hoy en una herramienta útil para la prevención (puramente prevención y control) de la corrupción en Latinoamérica.