La presentación del libro ¡Hay Justicia! Testimonio de mis juicios y casos, del abogado regiomontano Ernesto Canales Santos, en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, se convirtió en un foro de crítica abierta contra la Reforma Judicial y la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Canales, reconocido por su impulso a los juicios orales y su papel en la ONG Renace, advirtió que la reforma promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fortalece la independencia judicial, sino que amplía el poder del Estado para encarcelar sin juicio.
“Fue un engaño presentarla como una mejora. Lo que realmente hace es dar a los jueces el arma de meter a cualquiera a la cárcel sin justificación”, sentenció.
Para el jurista, la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa implica un retroceso al sistema inquisitivo, eliminando la presunción de inocencia.
"Se vuelve al modelo en el que la autoridad decreta la sanción más grave que existe: la prisión", subrayó.
Un llamado a los estudiantes de Derecho
Durante el evento, Canales instó a los estudiantes de Derecho a no ser espectadores pasivos y sumarse al debate. “No se trata de gestos heroicos, sino de poner en orden nuestra casa antes de que otros nos la vengan a poner”, afirmó, en referencia a la presión internacional para reformar el sistema judicial mexicano.
Diana Lastiri, reportera de Proceso,destacó la ironía del título del libro ¡Hay Justicia!, dado el contexto político actual, mientras que el ex presidente de la Barra Mexicana, José Mario de la Garza, sostuvo que la obra es más que un recuento de casos: es un llamado a la acción.
“Nos muestra que sin abogados comprometidos y ciudadanos valientes, la justicia seguirá siendo un privilegio”, aseguró.
De la Garza también instó a los juristas a replantearse su rol en la sociedad: “La justicia no es una abstracción, sino una lucha constante. Muchos prefieren la comodidad de sus despachos, pero Ernesto nos llama a salir, a pelear, a construir un país más justo”.
El debate está abierto, y Canales deja claro que la clave está en la organización de la sociedad civil para exigir quela prisión preventiva oficiosa desaparezca de la Constitución.
