El Fiscal General de Justicia, el Dr.  Alejandro Gertz Manero, en una reunión con senadores expresó:

“[…] ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que el fenómeno criminal que comienza en la inseguridad más elemental, cotidiana que vivimos todos los mexicanos, se vincula inmediatamente con estos elementos: la procuración, la impartición de justicia, la prevención y la readaptación social […].Y déjenme decirles, delos 33 millones de delitos que se producen al año, el 90 por ciento están en contra de las gentes más desprotegidas del país; y de ellos, el 90 por ciento son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos”.

Si hay alguien que está informado con los mejores indicadores reales y nacionales, es el Doctor Gertz Manero, es aquí donde podemos afirmar que mucho del problema de la justicia mexicana tiene su origen en la falta de un adecuado tratamiento, método o sistema que atienda los pleitos vecinales, conflictos comunitarios, agresiones, violencia entre vecinos y familiares, delincuencia entre jóvenes de la cuadra o colonia, y que es ahí en donde debe trasladarse el aparato de justicia que tenemos, ya que es ahí donde nace el conflicto y donde debe resolverse.

La justicia cívica como modelo aspira a objetivos claros: 

1. Prevenir que los conflictos escalen a conductas delictivas o violencia; 
2. Dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios; 
3. Mejorar la convivencia cotidiana y el respeto por el entorno; 
4. Promover la Cultura de la Legalidad; 
5. Mejorar la percepción del orden público y de la seguridad; y 
6. Disminuir la reincidencia en faltas administrativas. 

Hay un Modelo Homologado de Justicia Cívica aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el 30 de agosto de 2017, dicho modelo considero es muy bueno, ya que tiene de apoyo un diagnóstico muy bien hecho; pero solo es eso, un modelo, una propuesta, no se crea el método ni sistema gubernamental para operarlo, es decir, se plantea qué debemos mejorar y cómo hacerlo, pero nadie asume responsabilidades, ni se logran fijar cronogramas para su implementación. 

En campaña, la ahora presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una muy acertada propuesta para crear un modelo nacional de justicia cívica alternativa a nivel federal. Dicho modelo propone mejorar las capacidades del personal en su formación y certificar sus competencias profesionales para la buena procuración de justicia. El modelo también plantea incorporar la perspectiva psicosocial para la atención de las víctimas.  

Yo considero firmemente que la justicia cívica debe ser el pilar sobre el cual se construya un nuevo modelo de justicia que sea real, cercano y eficaz. En estas semanas en que tanto se ha discutido la reforma al Poder Judicial se escuchan críticas y autocríticas acerca de que la justicia siempre estuvo lejana a la base social y que era una justicia clasista —tema que no abordaré en este texto—, pero lo que yo creo es que la justicia como acto del Estado debe ser la que se acerque a donde está el problema: debe ir y trasladarse con todos sus funcionarios y recursos en donde se está generando hoy un delito, un conflicto o hecho jurídico que traiga consecuencias de violencia, impunidad o corrupción. Esto no es demagogia, al menos no en este escrito, sin embargo, lo que debemos hacer es fortalecer la justicia en los municipios, en las colonias y en las áreas urbanas, es ahí donde se necesita más, y claro, no descuidar lo que se ha construido.

Es ahí donde está el 90% de conflictos que generan impunidad en este país, por eso, debemos cambiar el chip jurídico y darnos la oportunidad de cambiar algunos modelos del sistema de justicia a los que muchos se aferran y que, tal vez, también lo hagan por interés personal más que por un tema de ideales.

En las siguientes columnas voy a proponer lo que considero deberían ser los pilares de la nueva justicia cívica alternativa en México, propondré cómo operar e implementarla y cómo darle una coherencia normativa con la realidad jurídica que se está construyendo.