Corea del Sur vivió un momento de gran tensión tras la declaración de ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol, un hecho que, aunque breve, sacudió al país y generó un intenso debate sobre el poder militar en una democracia consolidada.

La ley marcial, una medida extrema que otorga a las Fuerzas Armadas poderes extraordinarios en casos de emergencia, permite al presidente restringir derechos fundamentales. Durante las pocas horas que estuvo en vigor, el decreto emitido por Yoon prohibió todas las actividades políticas, incluidas protestas, manifestaciones y acciones partidistas, además de medidas controvertidas como la criminalización de la "subversión" y la "manipulación de la opinión pública", según reportó la Agencia de Noticias Yonhap.

Este decreto también permitió arrestos y allanamientos sin necesidad de una orden judicial, encendiendo alarmas en una nación acostumbrada a salvaguardar sus valores democráticos.

Una respuesta inmediata

La declaración, realizada alrededor de las 10:30 p.m., hora local, del martes, provocó una reacción inmediata. Legisladores se movilizaron hacia el parlamento, desafiando la presencia militar que bloqueaba el edificio. En una sesión de emergencia, los parlamentarios votaron unánimemente para bloquear el decreto, ejerciendo un contrapeso efectivo al poder presidencial.

Ante la presión, el presidente Yoon Suk Yeol anunció a las 4:30 a.m. que cumpliría con la votación parlamentaria y levantaría la ley marcial. Poco después, el gabinete ratificó la decisión y las tropas se retiraron de inmediato.

Un precedente preocupante

Aunque la medida fue anulada rápidamente, el episodio ha reabierto debates sobre los límites del poder ejecutivo en Corea del Sur y las implicaciones de recurrir a herramientas como la ley marcial en una democracia moderna. Este evento marca un momento crítico que quedará en la memoria colectiva del país como un recordatorio de la importancia de proteger las instituciones democráticas frente a decisiones de carácter autoritario.