El caso de Esmeralda, una menor indígena de 14 años de Huimilpan, Querétaro, ha generado revuelo e indignación en México. La Fiscalía de Querétaro ha acusado a la joven de homicidio tras haber abortado como resultado de una violación, solicitando tres años de prisión y un pago de 500 mil pesos para su agresor como "reparación de daño".

Esta situación ha despertado el rechazo de activistas y colectivos feministas que ven en el juicio una revictimización de la menor.

La colectiva Adax Digital y otros grupos han criticado fuertemente la respuesta de la Fiscalía, argumentando que el enfoque debería estar en proteger a Esmeralda y no en castigarla. Según los detalles revelados, Esmeralda fue abusada por un familiar, lo cual derivó en un embarazo que intentó ocultar hasta sufrir un aborto espontáneo en agosto de 2023. Activistas han señalado que este tipo de casos exponen serias deficiencias en el sistema de justicia y reviven un debate sobre los derechos de las mujeres y las niñas en situaciones de violencia.

Intervenciones de apoyo

La secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, ha intervenido en el caso, comprometiéndose a salvaguardar los derechos de Esmeralda y a buscar una solución junto al fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, y el gobernador del estado, Mauricio Kuri.

Kuri ha señalado su compromiso en proteger a las niñas y adolescentes, afirmando que el caso refleja una urgente necesidad de apoyo institucional para menores en situaciones vulnerables.

La situación de Esmeralda continúa en seguimiento por parte de las autoridades, mientras colectivos y activistas exigen justicia y protección para ella, defendiendo su derecho a ser escuchada y a que su historia no pase desapercibida.